Reformar antes de aplicar

La Comisión Nacional de Elecciones Internas-CNEI- del Partido Revolucionario Moderno-PRM- decidió enviar a distintos organismos especializados los nombres de los aspirantes a cargos municipales y congresuales para su depuración, antes de las elecciones del 2024. La acción incluyó la Embajada de EUA.

La algarabía que siempre acompaña las decisiones acertadas o fallidas del CAMBIO fue enorme. Los apóstoles de la ética avalaron aquello como prueba irrefutable de la virtud presente en el partido oficialista. 

Esa presencia de personas impolutas para continuar repitiendo aquello de “no somos iguales” aunque se pueda decodificar el contenido.

Algo falló, a pesar del examen, de escrutar la vida privada de los aspirantes -como afirmó el presidente de la CNEI- lograron pasar el rasero candidatos ganadores que luego fueron acusados y condenados por Cortes de EUA.

Miguel Gutiérrez-candidato más votado en Santiago- se convirtió en el primer diputado dominicano condenado por narcotráfico en EUA, después siguió un regidor, un asesor, un ex general. Antes, aquí, la Suprema Corte de Justicia había ratificado la condena de cinco años por lavado de activos, provenientes del narcotráfico, contra la diputada Pilarte -PRM-La Vega-.

El barullo provocado por las sentencias que no provienen de alegatos de la difusa oposición ni del interés malsano de algunos sectores, parece que ha preocupado a la gerencia del PRM. Aunque prima el disimulo y el silencio de influyentes alabarderos, se imponía alguna acción.

Otra vez la retórica reformadora como solución, en lugar de abogar por la aplicación de la normativa existente. Artilugio para novatos. Los políticos criollos en tiempo electoral optan por la postergación y la negociación en desmedro de la ley. El objetivo es ganar no importa cómo ni con quién. Conocen qué hace cada militante en el territorio y en el exterior, saben de dónde proviene el bienestar o las penurias de los aspirantes a cargos electivos.

Los miembros de las Juntas Electorales comentan el pedigrí de cada uno y los representantes de los partidos políticos también conocen a quién proponen, porqué y para qué.

Loable el proyecto de ley presentado por el PRM para modificar algunos artículos de la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, pero más loable sería insistir en el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

El proyecto tiene alardes de control para evitar que el crimen organizado influya en los partidos, también reiteraciones y gazapos quizás inadvertidos por la urgencia.

Las contribuciones ilícitas están previstas -artículo 64- y existe la Unidad de Control Financiero en la JCE. La decisión de actuar es más pertinente que sumar condiciones.

Como si fuera una novedad ha provocado encomio, la exigencia de la prueba antidopaje incluida en el proyecto. Uno de los requisitos establecidos en la ley 33-18 para ostentar una precandidatura es la presentación ante la JCE de una constancia que “acredita la no presencia de sustancias psicotrópicas en la sangre u orina”, algunos, con sorna, la denominan prueba de abstinencia, por frágil. Mientras el susto se expande por el planeta y comienza el sube y baja de los precios de los combustibles, en la agenda estará la discusión de esta nueva reforma.