Las primeras constituciones no se concibieron para que los gobiernos fueran eficientes, sino para que los pueblos fueran grandes. Con esa idea, si se quiere napoleónica, se consagró el principio del pueblo soberano. Luego comenzó a exigirse eficiencia gubernamental. Pero en esa materia el problema de los gobiernos democráticos ha sido y es coyuntural. Responden a situaciones concretas. Endógenas y exógenas. Entre las que hay que mencionar: crecimiento acelerado de los déficits presupuestarios y problemas del pago de la deuda externa. Ya que vivimos fiscalizados por los organismos multilaterales.

Esos factores, entre otros, dieron impulso hace unos años a la ola de privatización. Aunque existe todavía mucho escepticismo sobre las bonanzas de esa propuesta como panacea a los problemas de los gobiernos y de los países del continente.

Una visión prospectiva permitiría prever que, de no existir claridad sobre el significado y los alcances de estas medidas y las razones que las impulsan, aun siendo relativamente exitosas en otras latitudes, se podría caer en una nueva ilusión. Parecida a la que ocurrió cuando se despojó a los Estados de bienes importantes. Pues no contribuyeron a crear nuevas fuentes de empleos ni ingresos a los países.

En contados casos, la ola de privatización como una serie de medidas coyunturales, aportó ciertas soluciones a problemas endémicos de las estructuras gubernamentales de ciertos países. Porque cuando aquellos gobiernos diseñaron las estructuras centralizadoras, me atrevo a pensar que no se tomaba muy en cuenta el criterio de costos ni eficiencia.

La eficiencia tiene una base teórica derivada de las leyes generales de la economía y muy esencialmente del concepto de costo de oportunidad. Pero hay la duda de si con los mismos recursos, utilizados en forma diferente, se podrían prestar un mayor número de servicios más útiles y que respondan a necesidades más palpables e imperiosas.

A esto hay que añadirle, que la presión que ejercen las fuerzas políticas y sectores populares sobre los diferentes gobiernos, están casi siempre orientadas a las soluciones de problemas inmediatos, concretos y focalizados.

Por otra parte, está la presencia de la fuerza de los intereses de poder sobre los intereses generales. Y como consecuencia, muchos gobiernos se ven obligados a vivir ante la encrucijada de las respuestas a las presiones, en preferencia a la búsqueda de soluciones más amplias y populares.

El hecho es que los problemas que enfrentan la mayoría de los gobiernos de nuestros países, más que de carácter teórico y conceptual, son de orden práctico. Por ejemplo ¿A cuál de las necesidades conceder prioridad? ¿En qué forma suministrar paliativos? Sobre todo ahora en medio de una pandemia.

En la práctica, las respuestas a estas interrogantes podrían estar orientadas por el principio del beneficio social de corto y mediano plazos. Atender situaciones coyunturales del momento, pero sin dejar de aprovechar oportunidades futuras. Aunque se presuma que el principio que rija dichas acciones no sea la búsqueda de la eficiencia. Pero sí, solucionar los problemas del presente. De forma ética. Con vocación de servicio. Con honestidad. Y hoy día, eso de por sí es mucho.