Movimiento renovador de la UASD

El 21 de septiembre de 1965, el profesor Andrés María Aybar Nicolás fue escogido como rector provisional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), durante una asamblea celebrada en el Aula Magna por unos 70 profesores y dos mil estudiantes, representantes de los tres grupos estudiantiles existentes hasta ese momento.

El destacado ingeniero civil y catedrático universitario era la figura principal de un proyecto político y académico gestado durante la recién finalizada Guerra de Abril, cuyo fin era desplazar de la dirección del centro de estudios a las autoridades conservadoras, debido a su actitud contemplativa frente al desembarco de soldados extranjeros en suelo dominicano.

Este evento daba continuidad a la asamblea celebrada la mañana del martes 14 de septiembre en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en la cual se destituyó al rector, el ingeniero José Ramón Báez López-Penha, y a los demás miembros del Consejo Universitario. Dicha asamblea estuvo dirigida por los jóvenes economistas Bolívar Batista del Villar y Marcio Antonio Mejía-Ricart Guzmán; el médico Bernardo Augusto Defilló Martínez; los estudiantes Narciso González Medina y Alexis Licairac Díaz, delegados del grupo Fragua; Romeo A. Llinás, del Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC); y Franklin Almeyda Rancier, del Frente Universitario Revolucionario Radical (FURR).

Al estudiante Narciso «Narcisazo» González le correspondió dar lectura a la declaración de la asamblea, donde explicaba que el abrupto cambio de mando tuvo su origen en que las autoridades sustituidas habían mostrado un silencio cómplice ante la incursión de tropas extranjeras en el país, además de incurrir en graves violaciones al Estatuto Orgánico.

El dirigente estudiantil criticó con aspereza al rector destituido por exhibir una postura complaciente durante la jefatura del Triunvirato, permitiendo que ese gobierno de facto despojara a la UASD de su fuero, en franca violación a la Ley 5778, promulgada por el presidente Joaquín Balaguer el 31 de diciembre de 1961. Deploró, además, el intento del Consejo Universitario de resucitar la «vieja guardia trujillista» en la primera semana de enero de 1965, mediante la aprobación de un cuerpo de policía escolar como instrumento represivo para contener la creciente repulsa al examen de admisión obligatorio para ingresar al Centro Universitario de Estudios Generales (CUEG).

Al concluir González, algunos asambleístas rememoraron la dramática huelga de hambre realizada en el perímetro universitario en 1964 en repudio a dicho examen. También recordaron la determinación de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) de boicotearlo, resistiendo la anulación de la matrícula de su secretario general, el bachiller Amín Abel Hasbún, de los 32 miembros de su comité ejecutivo central y de varios dirigentes de las escuelas de Derecho y Farmacia.

En esta segunda asamblea intervinieron los profesores Julio César Castaños Espaillat, Antonio Ballester Hernández, Francisco Antonio Avelino y Luis Almanzor González Canahuate, así como los estudiantes Amín Abel Hasbún, Narciso Isa Conde, Romeo Llinás y Teobaldo Rodríguez, este último en representación de los empleados. La moderación estuvo a cargo de los profesores Mejía-Ricart, Batista del Villar y Defilló Martínez.

Defensa del Movimiento Renovador

Cinco días más tarde, el 19 de septiembre de 1965, el doctor Hugo Tolentino Dipp —uno de los ideólogos del Movimiento Renovador junto a los doctores Rafael Kasse Acta, Jottin Cury y Castaños Espaillat— publicó en un diario nacional el artículo titulado “El Gobierno provisional y la crisis universitaria”. En este texto, esclarecía con rigor los motivos de la destitución de las autoridades universitarias de la época.

El reconocido académico señaló que aquel cuerpo directivo estaba “totalmente desacreditado, moribundo” debido a una gestión donde primaban el despotismo, la incultura, la dilapidación económica, el amiguismo y la “traición a la patria”. Según Tolentino Dipp, dichos funcionarios desconocían las verdaderas aspiraciones y necesidades que surgían de la misión cultural y humanista que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) tiene frente al pueblo y la cultura nacional.

Asimismo, negó tajantemente que la remoción de las autoridades se asemejara a un golpe de Estado. Argumentó que sus gestores propiciaban la formación de una conciencia democrática que garantizara, en el futuro, el respeto a la autoridad legítima, evitando que se repitiera el “funesto mal ejemplo” que frustró la voluntad popular expresada en las elecciones del 20 de diciembre de 1962.

Explicó que la Asamblea Universitaria fue el vehículo pacífico y democrático escogido por la mayoría para elegir un Consejo Universitario Provisional. Este organismo tenía la misión de impulsar la reforma y transformar las instituciones académicas para que su esencia fuese realmente democrática.

Dicho consejo estuvo encabezado por el rector Aybar Nicolás y los vicerrectores Rubén Suro García-Godoy y Fernando Morbán Laucer, acompañados por los profesores Hugo Tolentino Dipp y Antonio Ballester Hernández, así como por los estudiantes Virgilio Bello Rosa y Alexis Licairac (del grupo Fragua), Romeo Llinás (del BRUC) y Franklin Almeyda Rancier (del FURR).

Como resultado de este proceso, la Asamblea aprobó nuevos reglamentos para organizar la institución bajo principios de democracia y eficiencia científica. La principal tarea de las autoridades provisionales fue la defensa de la autonomía de la UASD y la soberanía de la nación.

A esta labor se sumó la voluntad de elaborar un nuevo Estatuto Orgánico, impulsar la reforma y derogar las resoluciones del consejo destituido que vulneraban libertades fundamentales, tales como la libertad de cátedra, la libre expresión de las ideas, y los derechos de asociación y reunión dentro de la universidad.

Finalmente, una de las grandes aspiraciones colectivas era lograr que todos los profesores integraran el Claustro Universitario —máxima autoridad interna— y que la representación estudiantil alcanzara el 40 % del total de sus miembros.

Batalla legal

Los nuevos funcionarios se instalaron en sus respectivos puestos el miércoles 22 de septiembre, luego de la ceremonia notariada efectuada en el salón de sesiones del Consejo Universitario, en la que recibieron formalmente las llaves de la rectoría y de todas las oficinas administrativas de manos del licenciado Teobaldo Rodríguez, representante de la Asociación de Empleados Universitarios. El abogado y profesor Francisco Antonio Avelino instrumentó el acta notarial para legalizar la toma de posesión.

Desde ese momento, el ingeniero Aybar Nicolás, en su calidad de rector, inició una campaña pública sobre la orientación científica de la reforma universitaria y su implementación, en sintonía con los cambios democráticos que el país reclamaba tras la Guerra de Abril.

Sin embargo, la situación volvió a tornarse confusa tres días después con la publicación de un aviso en los diarios nacionales firmado por el ingeniero José Ramón Báez López-Penha. Actuando como rector y en representación del Consejo Universitario institucional, advirtió al comercio y al público general que la UASD no reconocería deudas ni acreencias que no estuvieran expresamente autorizadas con su rúbrica.

Asimismo, Báez López-Penha convocó al Claustro universitario para el sábado 2 de octubre con el fin de restaurar el orden y la disciplina en la academia. En ese mismo espacio, reveló que había sometido a la justicia al ingeniero Andrés María Aybar Nicolás bajo el cargo de usurpación de funciones.

También indicó que serían procesados ante la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional otros veinte profesores y estudiantes que colaboraron con el despojo de su cargo. Entre ellos, citó a los miembros del Consejo Universitario Provisional (CUP): los profesores Bolívar Batista del Villar, Andrés Avelino hijo, Orlando Haza del Castillo, Elsa Vallejo de Saint Amand, Antonio Zaglul, Gustavo A. de León M., Jesús María Álvarez Vicioso, Luis Sosa Baudré, Idelisa Bonnelly de Calventi, Pedro Hernández Fernández y Almanzor González Canahuate, así como a los estudiantes Romeo Llinás, Alexis Licairac, Virgilio Bello Rosa y Franklin Almeyda.

Cinco días más tarde, el 30 de septiembre, Báez Lopez-Penha publicó un nuevo aviso informando a los profesores que el Ministerio de Finanzas le había entregado el subsidio de agosto para el pago al personal docente. Indicaba, además, que los profesores debían recoger sus cheques en las residencias de los decanos.

Luego se supo que, para recibir sus salarios, los docentes fueron obligados a firmar un documento reconociendo al ingeniero Báez Lopez-Penha como rector legítimo. Debido a esto, una gran parte de los educadores prefirió no cobrar y denunció el acto como una coacción y una retranca que impedía tanto la reintegración del profesorado como el retorno de la armonía a la UASD.

Esa medida fue, sin duda, un grave error que desató un profundo descontento e incrementó el rechazo al antiguo rector. Como consecuencia, y por falta de cuórum, Báez Lopez-Penha fracasó en su intento de reunir al Claustro el sábado 2 de octubre y el sábado siguiente, a pesar de contar con el respaldo de la fuerza pública solicitada al Gobierno.

Báez López-Penha continuó batallando frente a un adversario con mayor respaldo y una ideología opuesta a la suya. Era casi imposible que lograra el reconocimiento del Gobierno provisional de García-Godoy, a pesar de invocar reiteradamente el origen legal de su gestión universitaria. Por ello, consciente de su debilitamiento dentro de la UASD, trasladó su estrategia a los medios de comunicación y al Palacio Nacional, promoviendo la idea de que convenía al país y a la academia que el gobierno impusiera una solución.

La lucha de masas determina el fin de la crisis

La mañana del 2 de noviembre de 1965, el presidente Héctor Rafael García-Godoy Cáceres intentó mediar en una reunión de más de dos horas en su residencia. Al encuentro asistió una comisión del Consejo Universitario Provisional integrada por el rector Aybar Nicolás, los vicerrectores Rubén Suro García-Godoy y Fernando Morbán Laucer, y los profesores Hugo Tolentino Dipp y Antonio Ballester Hernández. Más tarde, el mandatario se reunió con Báez López-Penha, Miguel Ángel Piantini, Bernardo Fernández Pichardo y J. A. Froilán Tavares, integrantes del consejo depuesto.

En principio, García-Godoy era partidario de un acuerdo sin intervención estatal, consideraba que el conflicto debía resolverse de manera democrática entre los miembros de la «familia uasdiana», sin presiones políticas ni ideológicas. Sin embargo, esto resultó imposible: la tensión de la disputa legal se trasladó a las calles mediante movilizaciones estudiantiles que exigían el reconocimiento de las nuevas autoridades de la UASD y la desocupación de los liceos públicos, tomados por las tropas invasoras durante la Guerra de Abril.

La movilización más contundente se llevó a cabo el 9 de febrero de 1966 en los alrededores del Palacio Nacional. Allí fueron asesinados los estudiantes Miguel Tolentino, Antonio Santos Méndez, Luis Jiménez Mella y Altagracia Amelia Ricart Calventi. Cabe señalar que, el lunes 27 de septiembre de 1965, también había sido asesinado en ese mismo lugar el estudiante Pedro Tirado Calcaño, de 17 años, víctima de un proyectil de fusil Máuser disparado por un guardia que custodiaba la casa de Gobierno.

Estos hechos sellaron la victoria del Movimiento Renovador Universitario. El ingeniero Andrés María Aybar Nicolás condujo la transición hasta el 28 de febrero de 1966, fecha en la que fue electo rector, por tercera vez, el doctor Julio César Castaños Espaillat. En esta ocasión, estuvo acompañado por los vicerrectores Fernando Morbán Laucer y José de Jesús Álvarez Vicioso, con la misión de democratizar la UASD y abrir sus puertas a los hijos más humildes del pueblo.