Lo que deja en evidencia el ranking de la AIRD

Que la competencia desleal y la competencia de productos importados figuren entre los cuatro factores que encabezan el ranking de los principales obstáculos a la competitividad industrial del país en el último trimestre de 2025 —junto al bajo nivel de actividad económica (20 %) y al costo de las materias primas (15 %), ambos con una incidencia del 14 %— dibuja una realidad inquietante que no admite evasivas. El problema central de nuestra industria no es la capacidad de producir, sino la de competir en un mercado donde las reglas no pesan igual para todos.

La industria no atribuye su menor dinamismo a fallas internas de gestión o productividad. Por el contrario, percibe que pierde espacio por condiciones externas que la colocan en desventaja: no compite bajo un mismo reglamento, sino en un terreno inclinado.

Que ambos factores tengan idéntico peso (14 %) resulta especialmente revelador. La competencia de productos importados refleja, en buena medida, la apertura comercial y la presión de los precios internacionales. La competencia desleal, en cambio, apunta a males más domésticos: informalidad, subvaluación, incumplimiento de normas y una fiscalización todavía débil. Aunque se han dado pasos para enfrentar estos problemas, la percepción industrial es clara: el daño no proviene solo de afuera, sino también de un mercado interno insuficientemente regulado.

La sensación dominante —respaldada por declaraciones de líderes del sector— es la de operar en un entorno que castiga al productor formal y premia al evasor, que penaliza al que cumple y erosiona los incentivos a invertir, innovar y formalizarse. En ese clima, el esfuerzo pierde valor y la regla se convierte en excepción.

Todo ello configura un sesgo anti industrial persistente. La empresa formal enfrenta mayores costos y, paradójicamente, cede espacio frente al competidor informal o irregular, debilitando la base productiva local y desgastando el tejido industrial.

La experiencia sugiere, así, que la apertura comercial, cuando no va acompañada de políticas activas de productividad y de defensa comercial, termina traduciéndose en pérdida de actividad industrial. No se trata de cerrar el mercado, sino de evitar que la apertura se convierta en una puerta de salida para la producción nacional.

La prioridad debe ser nivelar el terreno competitivo: fortalecer la fiscalización aduanera frente a la subvaluación y el contrabando técnico, aplicar con agilidad, cuando corresponda, instrumentos de defensa comercial como el antidumping y las salvaguardias; y exigir el cumplimiento efectivo de las normas técnicas, sanitarias y fiscales.

Combatir la informalidad debe asumirse, además, como una política productiva, no solo fiscal, destinada a desmontar la ventaja artificial que nace del incumplimiento.

A ello debe sumarse la reducción de los costos estructurales internos: tarifas eléctricas productivas apoyadas en energías renovables, menores costos logísticos y un entorno regulatorio más eficiente.

La respuesta no es cerrar el mercado, sino asegurar que competir vuelva a significar producir mejor, no incumplir más.