Abogados marchan por acceso a justicia y más presupuesto al PJ

Por Randy Jiménez Batista

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) marchó en reclamo de respeto a la dignidad del ejercicio de la abogacía, el acceso a la justicia de los ciudadanos y un mayor presupuesto para el Poder Judicial.

Dentro de los reclamos del gremio están un salario mínimo de RD$60 mil para los abogados del Poder Judicial, y que no sean trasladados los de la Tercera Sala de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo a Los Mameyes. También solicitó el respeto del escalafón en la carrera judicial y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores judiciales.

Tras calificar el calificar el 2025 como el año de retroceso judicial con una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el presidente del gremio, Trajano Vidal Potentini, informó que la movilización responde a una profunda preocupación del gremio jurídico ante situaciones que afectan gravemente el Estado social y democrático de derecho.

Vidal Potentini también se quejó de la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa, la precarización del ejercicio profesional del abogado y los obstáculos que enfrenta la población para poder acceder a una tutela judicial efectiva.

Asimismo, el gremialista indicó que el ejercicio de redención de cuentas está alejado de la realidad que se somete cada año y que las autoridades del Poder Judicial son quienes proporcionan cifras y estadísticas que no corresponde con la situación actual del pueblo dominicano.

“Hemos visto que la justicia que tenemos aquí es la justicia del que se robó un pollo, el que se robó un conejo, el que se robó una mano de plátano, una mano de guineo, el que se robó una gallina, esos están presos”, declaró Potentini.

En ese sentido, Vidal Potentini solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que deje como su legado al país la instauración de los tribunales superiores administrativos de primera instancia.