Fuerza del Pueblo denuncia sobre ventas de permisos ambientales

Por: Randy Jimémez Batista

El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este miércoles que existe un presunto esquema de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente, donde se emiten permisos y licencias ambientales de forma irregular y masiva, fuera del marco legal establecido.

La denuncia fue hecha durante una rueda de prensa encabezada por Paíno Abreu, secretario de Medio Ambiente de la organización opositora, quien señaló directamente al ministro Armando Paíno Henríquez como responsable de un modelo de gestión ambiental peligrosamente distorsionado, basado en cifras inconsistentes. 

Además, dijo que toman decisiones que podrían estar vulnerando los principios fundamentales de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Abreu explicó que en una reciente comparecencia Henríquez se refirió a varios aspectos de la gestión ambiental del Gobierno, mostrando ignorancia sobre los temas tratados y ofreciendo datos inexactos e informaciones indemostrables en el documento oficial titulado Licencias y permisos preocupantes en el Ministerio de Medio Ambiente.

Abreu cuestionó que el ministro dijera que su gestión ha aprobado más de 6,000 licencias ambientales en un período de apenas 11 meses, ya que es una cifra astronómica y legalmente inviable porque el ministerio no cuenta con la capacidad técnica ni administrativa para procesar tal volumen de solicitudes cumpliendo el debido proceso.

“Cumpliendo con el procedimiento de autorizaciones ambientales que establece la ley, el Ministerio de Medio Ambiente no dispone de capacidad para procesar esa cantidad de licencias en un año, y mucho menos en 11 meses”, afirmó Abreu.

Abreu, que leyó un documento con sus declaraciones, indicó que esta situación podría estar vinculada a prácticas irregulares dentro del ministerio. 

“No quisiéramos pensar que ese astronómico número de licencias ambientales que el ministro dice haber entregado estén asociadas con los rumores que circulan, indicando que no se está cumpliendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales y que en el Ministerio existe un mercado para la venta de permisos ambientales”, dijo Abreu.

Según la denuncia, se habla incluso de agentes que actúan como intermediarios, gestionando la obtención rápida de permisos a cambio de pagos adicionales. 

En respuesta a esta grave acusación, la Fuerza del Pueblo hizo un llamado urgente a la Oficina de Ética Pública e Integridad Gubernamental (OEIG), así como a la Cámara de Cuentas, para que se realice una auditoria forense del proceso de otorgamiento de autorizaciones ambientales.

Fuerza del Pueblo criticó que el ministro Henríquez mida la eficiencia de su gestión ambiental por la cantidad de licencias otorgadas, sin tomar en cuenta el impacto ambiental de los proyectos aprobados ni la sostenibilidad de los mismos.

En ese sentido, Abreu sostuvo que el ministro de Medio Ambiente no tiene claro el propósito de su gestión y cree que la eficiencia descansa en la cantidad de licencias otorgadas, aunque no reflejen nada acerca del tipo de desarrollo ni de la sostenibilidad ambiental de los proyectos que se están autorizando.

Además, indicó, en en lugar de ente fiscalizador, el Ministerio de Medio Ambiente se está convirtiendo en una agencia para aprobar proyectos y en un mecanismo para motorizar inversiones, como si se tratara de un Ministerio de Industria y Comercio o una oficina recaudadora del gobierno. Agregó que se degradan a negocios las funciones rectoras del Ministerio.

Además, Abreu adviertió que se están debilitando y desmontando los controles del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), establecidos en los artículos 38 al 48 de la Ley 64-00., un sistema fundamental para prevenir, mitigar y controlar los impacto negativos de proyectos de alto riesgo.

Abreu añadió que en ninguna gestión ambiental anterior se habían desvirtuado de forma tan grosera los mandatos de la Constitución y las leyes respecto a la protección, conservación y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

Por otro lado, puso en dudas las cifras ofrecidas por Henríquez con relación a la cobertura boscosa y la importación de madera: entiende que están infladas o fuera de contexto, ya que según el ministro se elevan a 44.3% del territorio nacional, pero lascifras oficiales del inventario forestal de 2019 determinaron una cobertura boscosa de 37.7% que, sumada al 5.1% de plantaciones agroforestales, llega a 42.8 %. Ese dato, dijo, debe ser revisado.

También cuestionó que se haya declarado un monto de US$800 millones en importación de madera, cuando las cifras reales, según Trading Economics y la base de datos de comercio internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reflejan que en EL 2024 el valor fue de US$285.06 millones.

De igual forma, denunció el abandono institucional de las áreas protegidas y el deterioro en las condiciones laborales de los guardaparques, afirmando que muchos de ellos no trabajan en el terreno y que en realidad figuran en la nómina como botellas.

“Históricamente existía personal entrenado, equipado y con supervisión estructurada desde el Ministerio, mientras que en la actualidad muchos de los llamados guardaparques no operan realmente en el territorio, son botellas que cobran en sus casas, los que sí lo hacen, carecen de los recursos básicos y están muy mal pagados, en la actualidad los guardaparques carecen de identidad, de mística y de autoridad”, sostiene el documento que leyó Abreu.

Esto, manifestó, ha debilitado la capacidad de vigilancia, conservación y respuesta en los ecosistemas protegidos, afectando funciones esenciales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico nacional.

El patrón de SeNaSa se repite

Durante la rueda de prensa, Abreu recordó que la Fuerza del Pueblo fue quien destapó el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que inicialmente fue negado por las autoridades del Gobierno, pero que hoy mantiene a varios exfuncionarios bajo investigación judicial.

Por esa razón, la organización política exige que la Cámara de Cuentas realice una auditoria al Ministerio de Medio Ambiente y que los órganos de control del Estado actúen con responsabilidad y transparencia ante las posibles señales de corrupción que podrían comprometer comprometerían seriamente la integridad de la política ambiental dominicana.