200 cruces en el asfalto y una epidemia que no se detiene

El 2026 ha iniciado con una cifra que debería paralizarnos el corazón. Unas 200 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en la República Dominicana en lo que va de año.

No son solo números en un boletín de la DIGESETT; son 200 familias rotas, 200 sillas vacías en la cena y una nación que parece haberse acostumbrado a que su asfalto se tiña de rojo cada fin de semana.

Mientras el país se distrae en otras discusiones, hay una guerra silenciosa ocurriendo en nuestras avenidas. Una guerra donde el enemigo no es un invasor extranjero, es nuestra propia imprudencia, la precariedad de la vigilancia y una alarmante falta de educación vial que nos mantiene en los vergonzosos primeros lugares de mortalidad por accidentes a nivel mundial.

A menudo hablamos de derechos y seguridad ciudadana enfocándonos exclusivamente en la delincuencia, pero olvidamos que hoy es estadísticamente más probable morir en un choque que en un asalto.

Aquí es donde nos enfrentamos a una democracia deficitaria: un sistema que falla en proteger el derecho más básico de sus ciudadanos, que es el derecho a la movilidad segura y, en última instancia, a la vida.

Estas 200 muertes son el síntoma de una falla estructural que involucra tres pilares que simplemente no están funcionando:

La ley de tránsito parece ser una sugerencia para algunos y un castigo para otros. Mientras el caos de los motores circula sin control, el ciudadano que intenta cumplir las normas se siente desprotegido en un escenario donde impera la prepotencia de quien lleva el vehículo más grande o el que más rápido esquiva la autoridad.

Conducimos con una agresividad innecesaria. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol y el uso de celular siguen siendo los principales detonantes. Hemos normalizado "volarnos" el semáforo o rebasar en curva si "no viene nadie", olvidando que la física no sabe de excusas.

No basta con poner multas de forma aleatoria; se necesita una vigilancia constante y tecnificada. La prevención no puede ser un operativo exclusivo de Semana Santa; tiene que ser la norma los 365 días del año.

A esto debemos sumar una urgencia técnica que no admite más prórrogas: la implementación real y rigurosa de la inspección técnica vehicular. No podemos hablar de seguridad vial mientras permitimos que transiten por nuestras calles verdaderas "bombas de tiempo" sobre ruedas: vehículos sin frenos funcionales, luces inexistentes o neumáticos lisos son proyectiles que el Estado permite circular bajo la mirada indiferente de las autoridades.

Sacar de circulación estas chatarras no es un tema de estética ni un golpe al bolsillo del ciudadano; es una medida de supervivencia colectiva. La revisión técnica debe dejar de ser un trámite burocrático o una calcomanía en el cristal para convertirse en el filtro que impida que un desperfecto mecánico previsible se convierta en la próxima noticia trágica.

Más allá del luto, los accidentes de tránsito representan una carga económica insostenible. El gasto en salud pública para atender a los sobrevivientes, muchos de los cuales terminan con discapacidades permanentes, es astronómico.

Estamos hablando de una generación de jóvenes —porque la mayoría de las víctimas están entre los 15 y 35 años— que está siendo diezmada en nuestras vías.

Cuando una madre pierde a su hijo porque un conductor decidió que su prisa valía más que una vida, no hay estadística que consuele. La seguridad vial es un tema de justicia social. No es justo que nuestras carreteras sean el escenario de una ruleta rusa diaria para quienes salen a buscar el sustento de sus familias.

¿Hasta cuándo el conteo de cadáveres?

Cada año escuchamos planes de movilidad y anuncios de mayor vigilancia. Sin embargo, si en apenas el inicio de febrero ya contamos 200 fallecidos, es evidente que lo que estamos haciendo es insuficiente.

Necesitamos una voluntad política real que no tema aplicar las consecuencias del incumplimiento de la ley, sin excepciones. La confianza del ciudadano en su Estado también se construye garantizando que salir a la calle no sea una sentencia de muerte.

Llegar a las 200 muertes en este corto periodo del 2026 es un grito de auxilio. No podemos seguir permitiendo que la imprudencia sea nuestra marca país. Este no es solo un llamado a las autoridades, es un llamado a la conciencia individual: bájale a la velocidad, suelta el celular y recuerda que nadie te espera en el hospital.

No permitamos que la cifra siga creciendo mientras nosotros miramos hacia otro lado. La próxima cruz en el asfalto podría ser la de cualquiera de nosotros, y esa es una realidad que no admite maquillaje.