Consultorio Ecológico
¿Está en tela de juicio la tutela constitucional de los Espacios Protegidos del país?
Los artículos 14, 15, 65 y 66 de la Carta Magna, carecen de la contundencia necesaria para su aplicación u observancia ante la ciudadanía y varias instancias normativas

Parque Nacional Valle Nuevo
P. Profesor, ¿está en tela de juicio la tutela constitucional de los Espacios Protegidos del país?
R. A juzgar por los hechos, parece que sí o al menos, los artículos 14, 15, 65 y 66 de la Carta Magna, carecen de la contundencia necesaria para su aplicación u observancia ante la ciudadanía y varias instancias normativas, incluyendo al Tribunal Superior Administrativo, Tribunal Constitucional y al propio Congreso Nacional, ante múltiples casos recientes, medianos y hasta de larga data.
Solo para mencionar aquellos que por su contundencia y sonoridad, no se borran de la opinión pública, podríamos mencionar las invasiones al Parque Nacional Valle Nuevo, los reclamos de bienes del Estado en los parques y reservas equivalentes de Jaragua, Hoyo Claro y Sierra de Bahoruco, sin olvidar casos tan graves como la desaparición del Parque Nacional Manolo Tavares Justo, que no solo garantizaba la protección permanente de la presa de Monción, las aguas del Acueducto Múltiple de la Línea Noroeste y la producción de arroz, guineo y la agricultura precaria en la segunda zona más árida y seca del territorio nacional.
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Más grave aún fue el natimuerto Parque Nacional Loma Miranda, que aún siendo creado a unanimidad y sin ninguna objeción en ambas cámaras congresuales, dicha ley fue observada por el Poder Ejecutivo, alegando la carencia de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Ya vimos pasar el peligro de los Lodos Cloacales de Oviedo, la extracción de los tocones de pino en los parques nacionales Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez. Ya nadie sabe que las márgenes de los ríos tienen una franja de 30 metros que son intocables, que los 60 metros de las costas pertenecen al dominio público y que solo pueden ser utilizados por particulares si sale una norma específica aprobada por el Poder Ejecutivo (un decreto).