Google y preocupación de políticos

A partir de su discurso en el 11.º aniversario del PRM, el presidente de la República y líder del partido oficial, Luis Abinader, afirmó que “algunos partidos huyen de su pasado porque es una pesada losa que no pueden levantar”. Desde entonces, diversos comunicadores han incursionado en el tema.

El dilecto amigo Nelson Marrero, subdirector de este diario, sostuvo en su habitual espacio El Tema de Hoy que el liderazgo opositor ha reaccionado con bajo impacto frente a lo que el mandatario advirtió: el peligro que representaría el buscador Google si la oposición decide hurgar en un pasado que podría recordar ingratas verdades derivadas de las gestiones que precedieron al actual gobierno.

Lo que realmente temen los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina es que —junto a los logros de sus cinco administraciones, que los tuvieron— Google también registra una vasta cantidad de escándalos de corrupción que quedaron impunes, así como reiteradas violaciones al ordenamiento legal. Ese conjunto permite ser caracterizado, cual lo hago, como dos décadas marcadas por corrupción, impunidad y deterioro institucional.

Google consigna cómo, durante los 20 años de gobiernos morados, se desperdició la oportunidad de consolidar la institucionalidad republicana que sustenta el Estado de derecho y organiza a los pueblos en sociedades modernas. Esa falla estructural se produjo cuando el peledeísmo gubernamental secuestró los poderes del Estado y los subordinó a su comando partidario.

Las violaciones a la institucionalidad asentadas en los registros públicos llenarían ediciones completas de este o cualquier otro periódico. Baste recordar —solo a modo de ejemplo— cuando, por declaradas presiones del gobierno de Fernández, la Suprema Corte de Justicia aprobó un préstamo por 130 millones de dólares sin la validación del Congreso Nacional, como mandaba y manda la ley.

Entra también en esa categoría el inconsistente expediente instrumentado ante los sobornos de Odebrecht por Jean Alain Rodríguez, entonces comisario político del PLD que actuaba como Procurador General de la República. En voto disidente, la entonces jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, denunció que dicho expediente carecía de fundamentos en algunos de sus aspectos.

Es decir, pese a la admisión pública de Odebrecht de haber obtenido contratos de obras públicas mediante sobornos por más de 91 millones de dólares, fuimos de los pocos países en los que no hubo responsables por dar y recibir esos delictuosos pagos.

Otra situación institucional escandalosa registrada fue la suspensión de las elecciones municipales de febrero de 2020, cuando ya tenían horas de estarse celebrando. Ese hecho fue producto neto de que, durante casi dos décadas, los gobiernos de Fernández y Medina secuestraron la estructura de la Junta Central Electoral y luego del Tribunal Superior Electoral, con el propósito de controlar y amañar resultados que les permitieran el control casi completo del país que tuvieron.

Las investigaciones atribuyeron lo ocurrido a “errores técnicos”. Sin embargo, en todos los partidos y entre periodistas que no miran hacia otro lado cuando están ante la realidad, se sabe que el sistema falló cuando lo hicieron fallar quienes lo controlaban: los entonces morados y ahora también verdes.

La prueba más contundente de que no hubo error sino maña es que, tras el control peledeísta de las estructuras electorales, el país celebró elecciones municipales, legislativas y presidenciales sin las irregularidades e impugnaciones que eran recurrentes bajo los gobiernos de Fernández y Medina.

No menos duro resulta para ellos que los datos registrados evidencian que perdieron la oportunidad de dar un golpe de timón a la solución de los problemas sociales más elementales y largamente demandados por el pueblo: finanzas públicas equilibradas; sistemas adecuados de salud y educación; seguridad ciudadana; transporte y tránsito; electricidad; medio ambiente; infraestructuras; acueductos; y respeto ciudadano a la Constitución y las leyes.

Por la cantidad de acueductos inaugurados por el presidente Luis Abinader —incluida la reciente ampliación histórica del acueducto Barrera de Salinidad, que provee agua potable a casi dos millones de personas en Santo Domingo Este y Norte— no es ocioso preguntarse: ¿cómo, en 20 años de gobierno, Fernández y Medina no pudieron resolverle al pueblo una necesidad tan apremiante como la provisión de agua?

Quienes temen a Google, en realidad temen a su propia historia: la que el buscador digital registra en reportes de periódicos, TV, blogs, medios y grandes plataformas digitales; portales institucionales; documentos públicos; bases de datos abiertas; informes; y, sobre todo, en los hechos que la gente presencia y transmite para que no se olviden.