Reforma y modernización policial y la nueva ley

Desde 2021, la República Dominicana transita hacia un proceso de reforma y modernización policial. Este esfuerzo no se vincula a la mitigación de la delincuencia, sino que busca la institucionalización de la Policía como servicio público. En una entrega anterior debatimos la socialización del proyecto de reforma a la ley, finalmente el Poder Ejecutivo lo depositó ante el Congreso Nacional, lo que representa un avance importante en este tránsito institucional. El proyecto abandona el modelo rígido y militarizado del pasado para concebir la Policía como institución de aproximación y cercanía, orientada a la meritocracia. Se establecen procesos misionales claros en prevención, investigación e inteligencia, aunque esta última debería ser el pilar primario por su carácter de anticipación, análisis y preparación para la toma de decisiones. Se incorporan estándares de calidad, mecanismos de participación ciudadana y sistemas de evaluación continua, apuntando a una policía más institucional y eficiente. Sin embargo, no define conceptos clave como seguridad ciudadana o seguridad pública, lo que genera vacíos interpretativos en la aplicación de la norma y en el rol policial.

La dependencia institucional cambia sustantivamente: la Policía pasaría de ser dependiente solo administrativamente del Ministerio de Interior y Policía a serlo también funcionalmente. Esta centralización tensiona la autonomía operativa, especialmente porque la Constitución, y la subordina al Presidente de la República y establece que la Policía investiga bajo dirección del Ministerio Público, esa dualidad, con el Ministerio Público constituido como órgano extrapoder independiente del Ejecutivo, permanece sin resolución clara.

Uno de los cambios más profundos es la apuesta por la meritocracia. La carrera policial deja de depender del tiempo acumulado o de recomendaciones informales para basarse en competencias, historial disciplinario, desempeño y requisitos académicos estrictos, con cinco años mínimos por rango. Se fijan exigencias concretas: curso en alta dirección para generales; maestría en administración policial para tenientes coroneles; especialización en dirección operativa para capitanes y comisarios; y licenciatura en ciencias policiales para subcomisarios. Se introduce una nueva nomenclatura: Cabo Segundo, Cabo Primero, Sargento, Subcomisario, Comisario y Agente Patrullero. La arquitectura educativa se fortalece porque en adición al existente Instituto Policial de Educación Superior se crea el Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial: el primero desarrolla formación académica; el segundo certifica competencias y desempeño técnico, evitando la complacencia académica, de que un mismo órgano educa y valida.

La estructura de mando se modifica con profundidad. El Director General pasaría a ser General Superior, rango equivalente a Teniente General, Se crean dos subdirecciones generales: Transformación y Derechos Humanos, y Financiera-Administrativa, esta última con posibilidad de ser ocupada por civiles, abriendo la gestión a perfiles técnicos externos. Se prohíbe designar como director o subdirector general a cónyuges o parientes cercanos de altos funcionarios, para prevenir conflictos de interés y proteger la independencia institucional. A este cuadro se suma que el proyecto no define la duración del mandato del Director General de la Policía Nacional. Sin un período prefijado, renovable o limitado, la conducción institucional queda expuesta a cambios políticos súbitos, presiones y rotaciones imprevistas, lo cual puede comprometer la continuidad del proceso de reforma y debilitar la estabilidad de la institución en un momento crucial.

En el plano operativo, la Dirección Central del Servicio de Policía se convierte en macroestructura de coordinación, mientras la Dirección de Prevención ejecuta en campo. Se formalizan seis técnicas policiales: registro personal, registro de transporte, conducencia, uso de tecnología, mediación policial y el derecho ciudadano a grabar. La DIGESETT desaparece para dar paso a la Dirección de Policía de Tránsito y Transporte; el DICRIM se transforma en Dirección Central de Investigación e INTERPOL. La Policía dejará de brindar seguridad interna y perimetral a instituciones públicas, las cuales deberán contratar empresas privadas. Se crea la Fuerza Estratégica Integral para la Seguridad Pública, con reuniones mensuales y participación de ministros y titulares vinculados a seguridad y defensa, dando base normativa a las reuniones de la fuerza de tarea y las mesas de seguridad ciudadana.

El bienestar policial recibe atención especial con un sistema salarial integral y transparente, compensaciones por mando, antigüedad, función y ubicación territorial —con un máximo de cuatro por persona—, vacaciones de 25 días anuales acumulables por dos periodos, y beneficios por mudanza, estudios y disfrute de vacaciones. El artículo 89 regula la retención del 50 % del salario en caso de suspensión, con devolución en caso de absolución.

El régimen disciplinario se moderniza bajo un esquema garantista, con separación entre investigación y juzgamiento, y con la Inspectoría General obligada a rendir cuentas semestrales con participación ciudadana. Se crean el Consejo Consultivo para la Participación de la Mujer Policía y el Consejo de Política de Integridad Policial, junto a una Política Integral de Derechos Humanos con enfoque en poblaciones vulnerabilizadas y el Sistema de Garantías Ciudadanas como intermediario entre comunidad y policía. Se excluye al Defensor del Pueblo de la vida policial, reconfigurando los mecanismos de supervisión externa.

Uno de los puntos más controversiales es el nuevo régimen prestacional. La Ley 590-16 garantiza que un agente pueda retirarse con 25 años de servicio y recibir el 80 % de su salario, un derecho que ha brindado estabilidad económica a miles de policías. El anteproyecto crea el Programa Especial de Pensiones para la Policía Nacional, que reduce este porcentaje base a un 60 % y lo condiciona al tiempo adicional servido o al cumplimiento de requisitos especiales. El impacto sería inmediato para quienes aún no alcanzan los 25 años: un miembro con 15 años de servicio pasaría de recibir 48 % bajo la ley vigente a apenas 32 % bajo el nuevo modelo. Esta modificación tendría efectos retroactivos sobre policías que ingresaron bajo un régimen diferente, lo que contraviene el artículo 110 de la Constitución sobre irretroactividad de la ley y vulnera principios de seguridad jurídica. Además, la pensión dejaría de ser una garantía estatal y dependería del rendimiento de un fondo colectivo administrado con parámetros variables revisables cada cinco años por la SIPEN, debilitando la estabilidad económica de los agentes y generando incertidumbre para nuevas generaciones policiales.

El reordenamiento del alto mando constituye otro eje de impacto. El proyecto establece un desmonte estructural mediante retiros automáticos que impactará coroneles y generales. Todo coronel que no sea seleccionado para cursar el Programa de Alta Dirección Policial será retirado. Los oficiales generales que no sean escogidos para ascender al rango de Mayor General también pasarán a retiro honroso. Además, cuando se designe un nuevo Director General, los oficiales de mayor antigüedad que el director serán puestos de inmediato en retiro. Asimismo, al cesar en sus funciones, deberán pasar automáticamente a retiro el Director General, los Subdirectores Generales, el Inspector General, el Director de Asuntos Internos y el Director de Desarrollo Humano, salvo que sean designados en una posición de igual o mayor jerarquía. Estas disposiciones buscan rejuvenecer la institución y alinear la alta dirección con criterios meritocráticos, pero también pueden generar tensiones internas y la salida de oficiales sin faltas disciplinarias, únicamente por razones de reorganización estratégica.

El anteproyecto plantea una transformación funcional, jerárquica, académica y ética que, bien implementada, puede elevar la profesionalización policial y fortalecer la seguridad pública. Su éxito dependerá de voluntad, recursos suficientes y un compromiso ético sostenido. Pero también es clave que la ciudadanía se involucre de manera activa en la reforma: así como se exige el respeto a los derechos, también debe cumplirse con los deberes. No bastará con una nueva ley; para garantizar una institución que, día a día, encarne dignidad, eficiencia y confianza, con la sociedad como aliada y garante de la legitimidad del proceso.