Autismo en RD: leyes existen, pero la realidad aún no alcanza a todos

En la República Dominicana, las políticas públicas dirigidas al Trastorno del Espectro Autista (TEA) han avanzado mediante la implementación de leyes, programas de detección temprana y mejoras en los servicios de salud.

También se han creado centros de atención integral, mecanismos de certificación de discapacidad y apoyo a instituciones especializadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias.

Durante el gobierno de Danilo Medina, se impulsó principalmente la infraestructura especializada, destacándose la creación del CAID y la promoción de la inclusión educativa a través de aulas adaptadas y campañas de concientización.

Actualmente, estos centros cuentan con varias sedes en el país y ofrecen servicios de evaluación, diagnóstico y terapias, complementados por iniciativas como las Unidades de Intervención Terapéutica Territorial para ampliar la cobertura.

En la gestión de Luis Abinader, se han fortalecido estas políticas con la Ley 34-23, la ampliación de horarios en el CAID, la certificación de miles de personas con autismo y el desarrollo de programas de inclusión laboral y apoyo a fundaciones.

Sin embargo, persisten importantes desafíos, como la falta de presupuesto, escasez de especialistas, limitada cobertura y debilidades en la implementación de la ley.

Además, en los ámbitos de salud y educación aún existen barreras significativas, especialmente por el alto costo de los tratamientos, que puede superar los RD$100,000 mensuales.

Esto evidencia una brecha entre lo establecido en la normativa y su aplicación real, afectando sobre todo a las familias de bajos recursos.

Aunque ha habido avances importantes, es necesario que las políticas públicas se traduzcan en acciones concretas y efectivas, garantizando acceso equitativo, inclusión y apoyo real para las personas con autismo y sus familias en el país.