Exdirector de Senasa creó comité de contrataciones médicas bajo su control absoluto

Todo el panorama de éxitos y cumplimiento de metas que en octubre 2020 convirtieron al Seguro Nacional de Salud (Senasa) en la única administradora de riesgos de salud (ARS) reconocida con el oro del Premio Iberoamericano de la Calidad que otorga la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad y la Secretaría General Iberoamericana, cambió radicalmente con la designación de Santiago Hazim al frente de la institución.

Así lo plantea el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción para el grupo de diez personas encabezadas por Hazim Alabani, que integraban el entramado de corrupción administrativa que logró defraudar al Estado Dominicano con más RD$15,000 millones mediante maniobras fraudulentas diversas.

Señala que a su llegada al Senasa el 21 de agosto del 2020, Hazim Albany creó “de forma arbitraria, sin sustento legal, normativo ni procedimiental” el Comité de Contrataciones Médicas, “alterando por completo el mecanismo vigente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud”, y al margen de los establecido por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

Dicho Comité fue integrado por los gerentes más cercanos a su centro de control. Fueron ellos: Francisco Iván Minaya, gerente de Salud; Roberto Canaán, gerente de Atención al usuario; Gustavo Guílamo, Coordinador de Gabinete;, Germán Robles Quiñones, Consultor Jurídico, y Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación.

Según el documento, para asegurar el control de las aprobaciones en los contratos, Hazim Albany incluía además a sus asistentes más cercanas, Johana Fernández y Johanna Grullón, “quienes en ausencia del propio director ejecutivo llegaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes de éste”.

Las presentaban en el Comité utilizando expresiones como; “eso es del CEO”, “eso del Olimpo” o “vino respaldado” que funcionaban como “órdenes inapelables”.

MODUS OPERANDI

Según el expediente, con el objetivo de sustraer fondos públicos, Hazim Albany creó con sus más cercanos colaboradores una estructura criminal con ramificaciones en el sector privado, empresas que comercializan en el sector salud.

Como mecanismo para obstruir sistemáticamente cualquier iniciativa de mejora institucional o programa de transparencia, garantizar la continuidad de sus maniobras fraudulentas, los líderes de la red crearon un equipo interno.

Sin el debido sustento técnico ni financiero, ese equipo creó “programas especiales” que fueron utilizados como conducto “para recibir sumas millonarias en soborno”, según la solicitud de medida de coerción.

Indica que la tramitación de los pagos de esos programas hacia la gerencia financiera la hacía la gerencia de salud, simulando la legitimidad de la operación.

“Para justificar el desvío de fondos, adulteraron y falsearon de manera sistemática los estados financieros” utilizando al personal clave de contabilidad, del área financiera y de tecnología, para que realizaran el cierre fraudulento del registro de reclamaciones”, dice el expediente.

Agrega que esas adulteraciones se mantuvieron para ocultar la dimensión real de las maniobras fraudulentas que llevaron al Senasa a un déficit de más de RD$15,000 millones, “y sostener la apariencia de solvencia ante los organismos fiscalizadores externos.

El equipo además, habría instrumentalizado y subordinado a personal de la gerencia de tecnología, específicamente sobre el proceso “para el cierre fraudulento del bordereau (informe o lista detallada)”, asegurando que la alteración de los registros contables se ejecutaba desde la base de datos de la institución.

También cooptaron a funcionarios y técnicos clave dentro de la estructura financiera, como a la encargada de análisis financiero presupuestario, Rosanna Henríquez Ogando, “para ejecutar órdenes ilícitas, manipular informes y autorizar cierres fraudulentos de cuentas”.

A la red se le atribuye además, violentar los controles financieros internos (el subregistro) con el fin de ocultar el déficit. El gerente financiero era quien realizaba el subregistro sistemático de las obligaciones financieras, creando una base falseada. Estas maniobras fraudulentas tuvieron un impacto en sus reservas técnicas que, según evidencia documental, asciende a RD$15,921,369,659.62 al cierre del período 2004.

SOBORNOS

Según la investigación del MP, a cambio de sobornos la alta gerencia del Senasa encartada en la denominada Operación Cobra, direccionaba contratos fraudulentos por sumas millonarias en perjuicio del Estado.

Para realizar operaciones de lavado de activos obtenidos mediante el esquema de sobornos, construyeron una red de empresas de carpeta, a través de las cuales generaron “cientos de facturas ficticias” para dar apariencia de legalidad a los fondos provenientes de los sobornos exigidos a contratistas privados.

Asimismo, negociaron de manera ilegal y directamente códigos de prestadores de servicios de salud (PSS) que previamente habían sido cancelados, “convenciendo al director ejecutivo para que asegurara la complicidad del sector privado.

FACTURAS POR “ ENFERMEDAD”

A través de las empresas de fachadas emitieron miles con comprobante fiscal por servicios de salud nunca realizados o prestados a las empresas de prestadores, “simulando relaciones comerciales para justificar la salida de fondos privados destinados al pago de sobornos a funcionarios de SENASA a cambio de obtener contrataciones altamente perjudiciales “ para la institución.

En ese sentido, según la solicitud de medida de coerción, se hizo incremento fraudulento en facturación de pacientes de Oncología, aumentando el número de radioterapias recibidas por estos; se facturaron servicios inexistentes o inapropiados, como por ejemplo, hemodiálisis a personas fallecidas o endoscopías a pacientes sin riesgo.

Además de obstruir la transparencia, desobedecer los controles a pesar de advertencias internas sobre las graves sanciones que la manipulación “bordereau” podría generar, el entramado habría realizado también maniobras para obstaculizar al MP, incluyendo ocultamiento de información y retardo en la entrega de solicitudes.

El dinero obtenido ilícitamente por el entramado de corrupción fue utilizado por estos para adquirir bienes a nombre de testaferros, según el expediente.

Los imputados para quienes el MP solicitó 18 meses de prisión preventiva, además de que el caso sea declarado complejo, son Hazim Albany, Messina Cruz, Robles Quiñones , Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Luis Martínez Hazim  y Heidi Marianela Pineda Perdomo.